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CIUDADANÍA

Historia de la ciudadanía europea

Si bien el germen inicial de la Unión Europea es en esencia una unión económica, muy pronto se empieza a evidenciar la necesidad de construir una Europa de los ciudadanos.

Los primeros antecedentes de la ciudadanía europea se encuentran ya en los tratados originales, en concreto en el llamado Tratado de Roma (1957). Sin embargo, no será hasta el Tratado de Maastricht (1992) cuando los derechos de los ciudadanos europeos serán sistematizados y dejarán de estar vinculados a requisitos económicos o comerciales.  

Para comprender mejor la dinámica del proceso iniciado por el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea (firmado en Roma en 1957), la ciudadanía de la Unión y los derechos que implica deben interpretarse dentro de su contexto. Dicho tratado introdujo el derecho de las personas a circular libremente dentro del territorio de la Comunidad Europea. Esta libre circulación implicaba un estrecho vínculo con una actividad económica, como el trabajo por cuenta ajena, una actividad independiente o la prestación de servicios. Así, el derecho de residencia en todo el territorio de la Comunidad únicamente se reconoció en un principio a los trabajadores, por cuenta ajena o por cuenta propia, y a los miembros de sus familias, en relación con el derecho al ejercicio de una actividad profesional en tal territorio.

El Acta Única europea (1986) incluyó en el Tratado de Roma la voluntad de crear un espacio sin fronteras, eliminando los controles sobre las personas -de cualquier nacionalidad- en las fronteras interiores. Por desgracia, este espacio no se creó antes de la fecha límite prevista, el 31 de diciembre de 1992. Con todo, el desarrollo del Acta Única llevó al Consejo, en 1990, a ampliar el derecho de residencia a las personas que no ejercieran una actividad económica, siempre que dispusieran de suficientes recursos y de cobertura social. Este derecho generalizado de circulación y residencia de las personas quedó consolidado con la creación de la ciudadanía europea en el Tratado de la Unión Europea (1992). En 1997, el Tratado de Amsterdam dio la solución política que permite avanzar en la libre circulación de las personas: la integración del Acuerdo de Schengen en el Tratado de la Unión Europea (pese a lo cual, determinados Estados miembros han manifestado su deseo de mantener una situación especial, conservando los controles en sus fronteras con el resto de los Estados miembros).

Por otra parte, ya en 1974, en la Cumbre de París, se había planteado la definición de los "derechos especiales" que debían reconocerse a los nacionales de la entonces Comunidad Económica Europea. En 1992, el Tratado de la Unión Europea creó una ciudadanía europea en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (artículo 17, antiguo artículo 8). Tras la firma de este Tratado, la Declaración del Consejo Europeo de Birmingham precisó, en octubre de 1992, el perfil de esta ciudadanía: "[...] la ciudadanía de la Unión otorga a nuestros ciudadanos más derechos y más protección, sin suplantar en modo alguno su ciudadanía nacional". Además, una Declaración aneja al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea recuerda que "la cuestión de si una persona tiene la nacionalidad de uno u otro Estado miembro se determina únicamente dentro del marco del derecho interno de ese Estado"

Con todo, resulta necesario apuntar que alrededor de 1973 ya empieza a dibujarse y a plantearse la figura de la ciudadanía europea. No es casual que en estos  tiempos las instituciones europeas empiecen a trabajar para plantear un desarrollo político de las Comunidades Europeas, yendo más allá de del mero carácter económico.  Fruto de todos ello se redactará la “ Declaración sobre la Independencia Europea”, en 1973, gracias al mismo se celebrará la Cumbre de París de 1974, donde se solicitará un estudio sobre los derechos que podrían llegar a concederse a los ciudadanos europeos.

Es entonces cuando aparecerán una serie de informes de expertos avalando la concesión de derechos a los ciudadanos europeos, por ejemplo, el “Informe Tindemans hacia la ciudadanía europea”, escrito por el primer ministro belga Leo Tindemans. Tras este primer informe, le seguirá el “Proyecto Spinelli” y el “Informe Adonnino”.

Tomando como ejemplo el concepto de ciudadanía nacional, la ciudadanía de la Unión Europea se caracteriza por un vínculo entre el ciudadano y la Unión definido por derechos, obligaciones y la participación de los ciudadanos en la vida política. De esta forma se consigue eliminar la discrepancia que se deriva del hecho de que los ciudadanos de la Unión se ven cada vez más afectados por medidas europeas en tanto que el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones, así como la participación en los procesos democráticos, se concentran casi exclusivamente en el plano nacional. Se trata de lograr que los ciudadanos se identifiquen más con la Unión Europea y que se desarrollen una opinión pública, una conciencia política y una identidad europeas.

Finalmente, la institución de un texto normativo sobre la ciudadanía europea se producirá en el Consejo Europeo de Maastricht, en los días 9 y 10 de diciembre de 1991. En dicho Consejo se alcanzará un acuerdo a favor del “Proyecto de Tratado de la Unión Europea”, más conocido como “Tratado de Maastricht”. El Tratado firmado el 7 de febrero, finalmente se aprobaría el 1 de noviembre de 1993. A partir de esta fecha los ciudadanos de los estados miembros ya serán también cuidadnos europeos.

En un principio el Tratado de Maastricht reconocía los siguientes derechos:

  • Derecho de Circulación
  • Derecho de voto y elegibilidad en las elecciones municipales y para el Parlamento Europeo, protección diplomática en el exterior de la Unión
  • Derecho de Petición al Parlamento Europeo
  • Derecho de acceso al defensor del pueblo.


Tras la codificación de los derechos de los ciudadanos europeos mediante  el Tratado de Maastricht, se inicia un irremediable proceso de consolidación de los mismos. La plasmación  de este proceso vendrá marcado por el Tratado de Amsterdam (1999) y el Tratado de Niza (2000).

El siguiente paso lógico en la construcción de Europa y su ciudadanía hubiese sido la aprobación de una Constitución, sin embargo esto no llegó a producirse por el rechazo de algunos de los países miembros. En cambio, se aprobó el Tratado de Lisboa, texto actual por el cual se rige la Unión. Como principal novedad se incluye la iniciativa ciudadana europea.

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